El Estudio de riesgo Nacional es una autoevaluación que permite al país detectar las eventuales carencias del sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y valores y la financiación del terrorismo y engloba a las autoridades competentes y a los principales actores financieros y no financieros. 

Andorra se ha comprometido de manera proactiva con la comunidad internacional a través de una serie de acuerdos concretos y de reformas normativas, a convertirse en un centro financiero de relevancia y de prestigio internacionales. Esto ha marcado el camino de la transformación de Andorra en el transcurso de la última década.

Este compromiso con la comunidad internacional se puso a prueba con el caso Banca Privada de Andorra (BPA) en el año 2015, que aceleró las reformas estructurales del Principado.  

El Plan de acción de Andorra para reducir el riesgo de BC / FT está basado en el ámbito sectorial e incluye iniciativas transectoriales, y también iniciativas específicas para cada sector. Su aplicación ha reducido de manera significativa la vulnerabilidad de todos estos en materia de BC/FT.

Por lo tanto, Andorra, a través del Estudio de riesgo Nacional ha analizado en detalle el riesgo de BC/FT para cada sector económico. El sector de los servicios financieros, que representa el 22% del PIB de Andorra, es, de lejos, el más relevante y está constituido por cuatro subsectores: banca, gestión de activos financieros, seguros, y otros (principalmente servicios financieros postales). Además del sector financiero, también se ha analizado el riesgo para las profesiones no financieras. A los efectos de este análisis se han considerado las profesiones no financieras las siguientes: abogados, notarios, economistas, contables externos, auditores, asesores fiscales, gestorías, establecimientos de juego de azar, agentes inmobiliarios, concesionarios de coches, y comerciantes con piedras y metales preciosos.

¿Por qué un Estudio de riesgo Nacional?

Periódicamente Andorra es evaluada por Moneyval (el Comité de expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero o valores y contra la financiación del terrorismo), que se basa en el análisis de las Recomendaciones y la metodología de aplicación elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Este cuerpo intergubernamental, en su Recomendación 1, sugiere a los países que identifiquen, evalúen y comprendan los riesgos de BC/FT a los que están expuestos y apliquen un enfoque basado en el riesgo; y la mejor manera de hacerlo es precisamente realizando un Estudio de riesgo Nacional.

El Estudio de riesgo Nacional de 2016 establecía que se debía renovar a los tres años. Este pasado mes de julio la UIFAND, ya ha enviado cuestionarios a los distintos sujetos obligados, a fin de poder disponer de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, de los diferentes sectores y actividades y así obtener la información para poder detectar nuevas amenazas y vulnerabilidades del sistema, y distribuir los recursos de prevención y lucha contra el blanqueo de la forma más eficiente posible.  

Pronto se publicará los resultados.